El diputado Miguel Mellado ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al Ministerio de Medio Ambiente y al Consejo de Defensa del Estado para que expliquen por qué no se han tomado medidas contra Aguas San Isidro, empresa distribuidora de agua en la localidad de Labranza.Lo anterior, a raíz de las conclusiones que adoptó la Comisión Investigadora que se desarrolló en el Congreso para analizar este servicio, determinando que éste debe caducar debido a la calidad de agua que reciben los vecinos y que les impide el consumo humano para proteger la salud de las personas, por tanto, deben “costear de su bolsillo bidones de agua para que puedan tomar agua, aumentando mucho más el gasto en las familias”, fustigó el diputado.Pero además, Mellado dijo: “Aguas San Isidro tiene un muy mal servicio, no sólo el tema de agua, sino que también el tratamiento de agua servida. Junto a Fernando Arzola, uno de los representantes de la mesa, hemos oficiado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al Ministerio de Medio Ambiente para que hagan las indicaciones que corresponden y las fiscalizaciones para sancionar a esta empresa”. Le pedimos explicaciones de por qué razón no ha hecho nada con las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre Aguas San Isidro, que estaba súper claro lo que nosotros pedíamos: la caducidad de la concesión”, agregó Mellado.El parlamentario también hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a considerar esta situación porque “esta calidad de agua, no se merecen los vecinos”, expresó, mostrando una botella con agua de Labranza, la cual queda en evidencia su mal estado.Pero además, el legislador por La Araucanía cuestionó “¿qué se está protegiendo?, ¿a quién están protegiendo de esa empresa? y en desmedro de los vecinos que pagan esta agua que no es potable y resulta que tampoco pueden lavar la ropa, tampoco pueden hacer su higiene. Entonces, ¿por qué están pagando un servicio que es malo, deficiente y que las autoridades que tienen que fiscalizar no lo hacen?”, dijo el congresista. Fuente: Araucanía Diario La Región
La implementación de la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas tuvo un atraso en su puesta en marcha de tres años a cuatro años y medio. Ante esto, entre las principales razones está la demora por parte del Ministerio del Medio Ambiente en la creación del reglamento que prohibiría plásticos y botellas en restaurantes, cafeterías y fuentes de soda. Asimismo, el proyecto de ley aprobado en 2021 no será implementado en su etapa final en el Gobierno de Gabriel Boric a pesar que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas señaló quecada año se producen más de 400 millones de toneladas métricas de desechos plásticos y se estima que más de 20 millones de toneladas de esta basura plástica termina en nuestros ecosistemas terrestres y marinos: ríos, lagos, quebradas y mares. Para detallar, la postergación en la entrada en vigencia de la ley se establece porque el Ministerio de Medio Ambiente no logró cumplir con el plazo para hacer el reglamento de la norma que debería haber estado listo en febrero del 2023. Finalmente, la ley establecía que desde agosto del 2024 ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables, prohibiendo el uso de cualquier producto plástico o de cualquier otro material no reutilizable tanto al interior de los locales como en sus operaciones.
El diputado Miguel Mellado ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al Ministerio de Medio Ambiente y al Consejo de Defensa del Estado para que expliquen por qué no se han tomado medidas contra Aguas San Isidro, empresa distribuidora de agua en la localidad de Labranza.Lo anterior, a raíz de las conclusiones que adoptó la Comisión Investigadora que se desarrolló en el Congreso para analizar este servicio, determinando que éste debe caducar debido a la calidad de agua que reciben los vecinos y que les impide el consumo humano para proteger la salud de las personas, por tanto, deben “costear de su bolsillo bidones de agua para que puedan tomar agua, aumentando mucho más el gasto en las familias”, fustigó el diputado.Pero además, Mellado dijo: “Aguas San Isidro tiene un muy mal servicio, no sólo el tema de agua, sino que también el tratamiento de agua servida. Junto a Fernando Arzola, uno de los representantes de la mesa, hemos oficiado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al Ministerio de Medio Ambiente para que hagan las indicaciones que corresponden y las fiscalizaciones para sancionar a esta empresa”. Le pedimos explicaciones de por qué razón no ha hecho nada con las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre Aguas San Isidro, que estaba súper claro lo que nosotros pedíamos: la caducidad de la concesión”, agregó Mellado.El parlamentario también hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a considerar esta situación porque “esta calidad de agua, no se merecen los vecinos”, expresó, mostrando una botella con agua de Labranza, la cual queda en evidencia su mal estado.Pero además, el legislador por La Araucanía cuestionó “¿qué se está protegiendo?, ¿a quién están protegiendo de esa empresa? y en desmedro de los vecinos que pagan esta agua que no es potable y resulta que tampoco pueden lavar la ropa, tampoco pueden hacer su higiene. Entonces, ¿por qué están pagando un servicio que es malo, deficiente y que las autoridades que tienen que fiscalizar no lo hacen?”, dijo el congresista. Fuente: Araucanía Diario La Región
La implementación de la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas tuvo un atraso en su puesta en marcha de tres años a cuatro años y medio. Ante esto, entre las principales razones está la demora por parte del Ministerio del Medio Ambiente en la creación del reglamento que prohibiría plásticos y botellas en restaurantes, cafeterías y fuentes de soda. Asimismo, el proyecto de ley aprobado en 2021 no será implementado en su etapa final en el Gobierno de Gabriel Boric a pesar que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas señaló quecada año se producen más de 400 millones de toneladas métricas de desechos plásticos y se estima que más de 20 millones de toneladas de esta basura plástica termina en nuestros ecosistemas terrestres y marinos: ríos, lagos, quebradas y mares. Para detallar, la postergación en la entrada en vigencia de la ley se establece porque el Ministerio de Medio Ambiente no logró cumplir con el plazo para hacer el reglamento de la norma que debería haber estado listo en febrero del 2023. Finalmente, la ley establecía que desde agosto del 2024 ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables, prohibiendo el uso de cualquier producto plástico o de cualquier otro material no reutilizable tanto al interior de los locales como en sus operaciones.
