Mujeres Mapuche de Lonquimay fortalecen sus conocimientos e identidad mediante recursos del FFOIP

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, compareció este martes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, esposado y con un micrófono en mano, para enfrentar un juicio oral que lleva 565 días de desarrollo desde su formalización por una serie de delitos.

​La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía busca imponer una pena de 25 años de presidio para Llaitul, quien enfrenta cargos por incitación y apología a la violencia contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de delitos como usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad.

​La audiencia, presidida por la magistrada Rocío Pinilla, comenzó puntualmente a las 09:00 horas de este martes. En ella, la Fiscalía presentó su acusación, respaldada por el testimonio de 20 testigos, cinco de ellos bajo protección.

​Según la acusación presentada por la Fiscalía, Llaitul habría realizado llamados a la lucha armada a partir del 8 de enero de 2021, lo que habría desencadenado una serie de actos violentos en cuatro regiones del sur de Chile. Se estima que aproximadamente 54 hechos de violencia, incluyendo ataques incendiarios, se registraron entre enero de 2020 y mayo de 2022, en regiones como el Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos.

​El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó la relevancia de la información recuperada del teléfono del imputado, la cual habría sido fundamental para sustentar las acusaciones. Garrido afirmó que los elementos recabados apuntan a demostrar que Llaitul no solo hacía llamamientos a las comunidades, sino que estaba involucrado directamente en la planificación y ejecución de acciones violentas.

​Por su parte, la defensa de Héctor Llaitul argumentó en su alegato de apertura que su cliente pertenece a una identidad cultural distinta, haciendo hincapié en la pertinencia de aplicar una perspectiva de igualdad cultural en el proceso judicial. Señalaron que la igualdad no puede ser entendida de manera mecánica y que se debe considerar la pertenencia cultural como un derecho humano fundamental, especialmente en el caso de comunidades ancestrales como la mapuche.